Más de 400 colectivos de toda España se manifestarán en Madrid el 5 de octubre para exigir un modelo rural más justo y servicios públicos dignos
En este movimiento social se han unido plataformas y asociaciones que luchan contra la proliferación de macroproyectos de energías renovables, explotaciones mineras, macrogranjas de ganadería industrial y plantas de biogás, que invaden el territorio rural vaciado. También participan colectivos que defienden los recursos hídricos, constantemente en riesgo de contaminación, y agrupaciones que reivindican la mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones. La unidad de todas estas organizaciones refleja un objetivo común: defender los territorios de las agresiones llevadas a cabo por compañías energéticas, mineras, cárnicas y de residuos industriales.
Pepe Polo, representante de la Federación de asociaciones vecinales de Teruel, alertó sobre la gravedad de la situación:
“Estamos ante una de las más importantes agresiones que nuestros pueblos y el mundo rural hemos sufrido”.
Recordó la histórica movilización del 31 de marzo de 2019, cuando la Revuelta de la España Vaciada ocupó las calles de Madrid para exigir atención a los problemas de la España vaciada, que durante décadas ha sufrido agresiones y falta de inversiones.
Explotación de recursos y riesgos ambientales
Los colectivos denuncian que los recursos y la energía de sus territorios son explotados para beneficiar a otras zonas más desarrolladas, dejando un legado de destrucción y contaminación. Una frase que se repite entre los afectados es:
“Sois pocos y tenéis mucho espacio”, interpretada como una amenaza velada a la permanencia de las comunidades rurales.
Además, alertan que los fondos europeos Next Generation están siendo desviados en beneficio de lobbies económicos, perpetuando la invasión de macroproyectos que sacrifican tierras, cultivos, agua y bosques.
Rosa Pardo, de Aliente, señaló que el modelo actual de transición energética es fallido y devastador. Denunció la proliferación de macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas que causan daños irreparables al medio ambiente, al paisaje y al suelo agrario. Criticó también la concesión de la “utilidad pública” a empresas con mínimo capital social, lo que facilita la especulación y limita los controles ambientales, al tiempo que no se planifica la gestión de residuos ni se equilibran los impactos entre comunidades productoras y consumidoras.
Agua, biogás y macrogranjas en debate
La protección del agua es otro de los ejes centrales de la protesta. Jesús Cutillas, de Abrazo al Agua, denunció la contaminación de acuíferos, ríos y mares por nitratos, fosfatos y pesticidas provenientes de agroindustria y ganadería industrial, así como el acaparamiento de derechos de riego, que amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas y podría forzar la salida de población de los pueblos.
Aurora Vilariño y Joao Teixeira, representantes de plataformas contra el biogás y las macrogranjas, alertaron sobre la falta de transparencia en estos proyectos, que operan sin respetar distancias mínimas a las poblaciones y promueven una falsa economía circular que termina contaminando los campos. Además, las macrogranjas afectan la salud y calidad de vida de los habitantes cercanos, incluyen maltrato animal y producen carne de baja calidad destinada a la exportación.
Eugenio Campanario, portavoz de las plataformas antiminas, denunció el auge de la minería impulsado por políticas europeas. Señaló que las promesas de empleo masivo son una falacia, ya que los puestos generados son escasos, temporales y especializados, mientras que la explotación genera contaminación, escombreras y destrucción de modos de vida tradicionales. Las complicidades de administraciones locales y autonómicas agravan la situación, beneficiando a fondos de inversión que priorizan las ganancias sobre la sostenibilidad del territorio.
